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ALA Declaración sobre el Derecho a la Lectura

La libertad de lectura es esencial para nuestra democracia. A pesar de ello, es atacada continuamente. Grupos privados y autoridades públicas en varias partes del país tratan de eliminar o limitar el acceso a materiales de lectura, de censurar contenido en las escuelas, identificar puntos de vista "controvertidos", distribuir listas de libros o escritores "cuestionables", y "depurar" bibliotecas.  Estos actos surgen evidentemente del concepto de que nuestra tradición nacional de libre expresión ha dejado de ser válida; de que se necesita censura y supresión para enfrentar las amenazas a la protección o la seguridad nacional, así como evitar la subversión de la política y la corrupción de los principios morales. Nosotros, como personas dedicadas a la lectura, y como bibliotecarios y editores responsables de la diseminación de ideas, deseamos confirmar el interés público en la preservación de la libertad de lectura.

La mayoría de los intentos de supresión se basan en la negación de la premisa fundamental de la democracia: que la persona común, mediante el ejercicio del buen juicio crítico, seleccionará lo bueno y rechazará lo malo. Confiamos en que los estadounidenses reconozcan la propaganda y la desinformación, y que tomen sus propias decisiones sobre lo que leen y creen. No creemos que están preparados para sacrificar su patrimonio de una prensa libre con el fin de "protegerse" contra lo que otros piensan que podría "perjudicarlos". Creemos que siguen favoreciendo la libre empresa en ideas y expresión.

Estas iniciativas de supresión están vinculadas a un patrón más amplio de presiones ejercidas contra la educación, la prensa, el arte y las imágenes, el cine, la radio y la televisión y la internet. El problema no se limita solamente a una censura real. Sospechamos que la sombra de miedo proyectada por estas presiones conduce a una reducción voluntaria mucho más extensa de la expresión, por parte de quienes buscan evitar controversias o el escrutinio inoportuno de funcionarios gubernamentales.

Tal presión hacia la conformidad es quizá producto natural de un momento de cambio acelerado. Y la supresión es más peligrosa que nunca en este tiempo de tensión social. La libertad le ha dado a los Estados Unidos la elasticidad para resistir tensiones. La libertad mantiene abierta la puerta a soluciones nuevas y creativas, y propicia que el cambio llegue por elección. Cada silenciamiento de una herejía, cada imposición de una ortodoxia, disminuye la solidez y resiliencia de nuestra sociedad, y la hace menos capaz de lidiar con la controversia y la diferencia.

En la actualidad, como siempre ha ocurrido en nuestra historia, la lectura es una de nuestras más grandes libertades. La libertad de leer y escribir es casi el único medio de proporcionar generalmente ideas o formas de expresión que podrían orientar inicialmente a solo una escasa audiencia. La palabra escrita es el medio natural para la nueva idea y la voz no probada de las que proceden las contribuciones originales al crecimiento social. Es esencial para el intercambio extendido de opiniones que requiere el pensamiento serio, y para la acumulación de conocimiento e ideas en colecciones organizadas.

Creemos que la libre comunicación es esencial para la preservación de una sociedad libre y una cultura creativa. Creemos que estas presiones hacia la conformidad implican el peligro de limitar la gama y variedad de la exploración y expresión de las que dependen nuestra democracia y nuestra cultura. Creemos que cada comunidad estadounidense debe proteger con celo la libertad de publicar y circular, a fin de preservar su propia libertad de lectura. Creemos que los editores y bibliotecarios tienen la profunda responsabilidad de darle validez a esa libertad de lectura, propiciando que los lectores puedan elegir libremente a partir de una gran variedad de ofertas.

La libertad de lectura está garantizada por la Constitución. Los que tienen fe en un pueblo libre se apoyarán firmemente en estas garantías constitucionales de derechos esenciales, y ejercerán las responsabilidades que acompañan a estos derechos.

Por tanto, confirmamos estas proposiciones:

  1. Es en el interés público que los editores y bibliotecarios proporcionen la más amplia diversidad de puntos de vista y expresiones, incluyendo las heterodoxas, impopulares, o consideradas peligrosas por la mayoría.

    El pensamiento creativo es, por definición, nuevo, y lo nuevo es diferente. El portador de cada nuevo pensamiento es considerado rebelde hasta que la idea sea refinada y probada. Los sistemas totalitarios tratan de mantenerse en el poder ejerciendo una brutal supresión de cualquier concepto que desafíe la ortodoxia establecida. El poder de un sistema democrático de adaptarse al cambio es fortalecido ampliamente por la libertad de sus ciudadanos de elegir ampliamente entre las opiniones opuestas que se les ofrecen libremente. Restringir al nacer cada idea anticonformista marcaría el final del proceso democrático. Más aun, es solo mediante la actividad constante de sopesar y seleccionar, que la mente democrática puede alcanzar la fuerza que exigen tiempos como en el que estamos. No solo necesitamos conocer lo que creemos, sino también por qué lo creemos.

     
  2. Los editores, bibliotecarios y libreros no tienen que respaldar necesariamente cada idea o presentación que proporcionan. De hacerlo, entrarían en conflicto con el interés público de no imponer sus propios puntos de vista políticos, morales o estéticos como norma para determinar lo que debería ser publicado o circulado. 

    Los editores y bibliotecarios sirven al proceso educacional proveyendo los conocimientos e ideas necesarios para el crecimiento de la mente y el incremento del aprendizaje. Además, no fomentan la educación imponiendo como mentores los patrones de sus propias formas de pensar. Las personas deberían tener la libertad de leer y considerar una gama de ideas más amplia que las de un solo bibliotecario, editor, gobierno o iglesia. Es erróneo que lo que una persona pueda leer esté limitado a lo que otra considera apropiado.

     
  3. Es contrario al interés público que los editores o bibliotecarios prohíban el acceso a escritos en base a la historia personal o afiliaciones políticas de su autor.

    El arte o la literatura no puede crecer si tienen que ser evaluados por los puntos de vista políticos o las vidas privadas de sus creadores. Tampoco puede prosperar ninguna sociedad de personas libres que redacte listas de escritores a los que no se podrá escuchar, independientemente de lo que tengan que decir.

     
  4. No hay sitio en nuestra sociedad para las iniciativas de coerción del gusto de los demás, de limitar a los adultos a leer materiales considerados como aptos para adolescentes, o inhibir los intentos de los escritores de lograr la expresión artística.

    Para algunos, gran parte de la expresión moderna es sobrecogedora. Pero ¿acaso no es sobrecogedora buena parte de la vida misma? Si evitamos que los escritores usen la vida como materia prima de su creación, estamos privando de su fuente a la literatura. Los padres y maestros tienen la responsabilidad de preparar a los jóvenes para conocer la diversidad de experiencias de vida con las que entrarán en contacto; así como también la de ayudarlos a pensar críticamente por sí mismos. Estas son responsabilidades afirmativas de las que no pueden eximirse simplemente evitando que los jóvenes lean obras para las cuales no están preparados. En estas cuestiones los valores difieren, y los valores no se pueden legislar. Tampoco se puede crear una maquinaria que responda a las demandas de un grupo sin limitar la libertad de otros.

     
  5. No es de interés público obligar a un lector a aceptar el prejuicio de una calificación que tilda de subversiva o peligrosa a cualquier expresión o a su autor.

    El ideal de calificar presupone la existencia de personas o grupos con experiencia para determinar por autoridad lo que es bueno o malo para los demás. Además, presupone que se debe orientar a las personas a que cambien de opinión sobre las ideas que examinan. Pero los estadounidenses no necesitan que nadie piense por ellos.

     
  6. Es responsabilidad de los editores y bibliotecarios, como guardianes de la libertad de lectura del pueblo, hacerles frente a intrusiones en esa libertad por parte de personas o grupos que pretendan imponer sus propios principios o gustos a la comunidad en general; y del gobierno si se propone reducir o negar el acceso público a la información pública.

    En el intercambio de ideas del proceso democrático, es inevitable que los conceptos políticos, morales o estéticos de una persona o grupo colisionen ocasionalmente con los de otra persona o grupo. En una sociedad libre, las personas tienen la libertad de determinar por sí mismas lo que desean leer, y cada grupo es libre de definir lo que recomendará a sus miembros asociados libremente. Pero ningún grupo tiene el derecho de hacer justicia por su cuenta, ni de imponer su propio concepto de política o moralidad a otros miembros de una sociedad democrática. La libertad deja de serlo si se limita a amparar solamente lo aceptado y lo inofensivo. Aun más, las sociedades democráticas son más seguras, libres y creativas cuando el libre flujo de información no es restringido por prerrogativas gubernamentales o autocensura.

     
  7. Es responsabilidad de los editores y bibliotecarios darle un significado pleno a la libertad de lectura, proporcionando libros que enriquezcan la calidad y diversidad de pensamiento y expresión. Al hacer ejercicio de esta responsabilidad afirmativa, pueden demostrar que la respuesta a un libro "malo" es uno bueno, y que la respuesta a una idea "mala" es una buena idea.

    La libertad de lectura pierde importancia si el lector no puede obtener el contenido adecuado a sus propósitos. No solo se necesita la ausencia de restricción. También es vital la provisión de oportunidad para que las personas lean lo mejor que se ha pensado y dicho. Los libros son el canal más importante por el cual se lega el patrimonio intelectual, y el medio principal de su puesta a prueba y crecimiento. La defensa de la libertad de lectura exige de todos los editores y bibliotecarios el máximo de sus facultades, y merece el respaldo más pleno de todos los estadounidenses.

     

No declaramos estas proposiciones a la ligera, ni como fáciles generalizaciones. Sustentamos aquí una declaración noble del valor de la palabra escrita. Y lo hacemos porque creemos que posee una enorme variedad y utilidad, digna de valorar y de mantener libre. Sabemos que la aplicación de estas proposiciones puede implicar la diseminación de ideas y formas de expresión que muchos pueden considerar repulsivas. No hacemos estas proposiciones desde el cómodo concepto de que lo que el pueblo lee carece de importancia. Por el contrario, creemos que lo que el pueblo lee es profundamente importante; que las ideas pueden ser peligrosas; pero que la supresión de ideas es fatal para una sociedad democrática. La libertad en sí misma es un modo de vida peligroso, pero es nuestra.


Esta declaración fue presentada originalmente en mayo de 1953 por la Conferencia de Westchester de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos y el Consejo de Editores de Libros de los Estados Unidos, que en 1970 se consolidó con el Instituto de Editores Educacionales de los Estados Unidos para convertirse en la Asociación de Editores de los Estados Unidos.

Adoptada el 25 de junio de 1953 por el Consejo de ALA y el Comité AAP por la Libertad de Lectura; enmendada el 28 de enero de 1972; el 16 de enero de 1991; el 12 de julio del 2000; y el 30 de junio del 2004.

Declaración conjunta de:

American Library Association
Association of American Publishers

Respaldada posteriormente por:

American Booksellers for Free Expression
The Association of American University Presses
The Children's Book Council
Freedom to Read Foundation
National Association of College Stores
National Coalition Against Censorship
National Council of Teachers of English
The Thomas Jefferson Center for the Protection of Free Expression